Archivo negro
DESAPARECIDOS EN ALTE BROWN
LA VERDAD
OCULTA
Por el Licenciado Juan Carlos Ranieri
El cementerio municipal ha
sido durante tres décadas objeto de numerosos rumores con relación a presuntas
inhumaciones clandestinas en la última dictadura. Si bien es cierto que estas
han existido, jamás desde el gobierno municipal se ofreció una información
oficial al pueblo de Almirante Brown, generando que las versiones hayan
circulado tantos años sin poderse establecer qué había de verdad en ellas.
Al mismo tiempo, este
silencio es doblemente dañino porque tampoco se haya convocado
institucionalmente a los vecinos que pudieran prestar su testimonio y colaborar
de esa manera, desde el Estado municipal, en la búsqueda de la verdad.
Por otra parte, podemos confirmar
en las páginas siguientes que en el ámbito de la Justicia no alcanza con tener
jueces probos si las trabas burocráticas y jurisdiccionales se encargan de
interrumpir, desviar y demorar las causas judiciales, máxime cuando, además, el
poder Legislativo convierte en ley proyectos nefastos, como es el caso de la
Obediencia Debida y el Punto Final. Este último ingrediente terminó de dar
cuerpo a una fórmula que cerraba todos los caminos hacia la justicia y sólo
consagró la impunidad por espacio de casi dos décadas.
Si bien el Estado de facto
violó sistemáticamente los Derechos Humanos, no es menos cierto ni menos triste
que el Estado de derecho no haya garantizado por tanto tiempo justicia a los
argentinos, con evasiones, complicidades y “agachadas” de los tres poderes y en
todos los niveles de gobierno, hasta el ámbito municipal, por supuesto.
En este marco, el sendero a
transitar en la búsqueda de la verdad se ha visto obstruido reiteradamente.
Exhumaciones en Rafael Calzada
Para recorrerlo, debemos
remontarnos al 20 de diciembre de 1983, cuando nuestra democracia apenas
superaba su primera semana de vida.
Ese día, el Intendente
municipal Félix Flores y el
Secretario de Gobierno del municipio, Narciso
Vázquez, radicaron una denuncia penal en el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Lomas de Zamora a cargo del Juez Julio Amancio Piaggio, Secretaría en lo Penal y Correccional del
Dr. Rodolfo Marcelo Molina, por
presuntas inhumaciones clandestinas en el cementerio municipal y existencia de
cuerpos sepultados como NN en la reciente dictadura.
A partir de esta denuncia que
inició la causa n° 1679, el Juez procedió de manera inmediata a ordenar la
exhumación correspondiente, siendo esta la primera que se realizó en la
provincia de Buenos Aires. Como resultado, se extrajeron siete bolsas conteniendo
restos humanos, las cuales fueron remitidas por el Magistrado a la Morgue del
Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional con fecha 26 de diciembre de
1983.
Estas bolsas
estaban individualizadas con las siguientes inscripciones: 1°E Z5 S4 (un bulto);
2E Z5 S4 (dos bultos); 4E Z5 S4 (dos bultos) y 7E Z5 S4 (los dos bultos
restantes). La codificación Z5 S4 remite a la Zona quinta, Sección cuarta de la
necrópolis. Formalmente el Juez solicitaba que se procure establecer la
cantidad de personas a las que correspondían esos restos, sexo, medidas, edad,
tiempo probable de la muerte, causas que la provocaron y, si se observaban
lesiones, modo de producción de las mismas y si ellas fueron factores
determinantes de deceso.
Acto seguido, el magistrado solicitó oficialmente al
director del cementerio, Héctor Elías Requejo, que remitiera al tribunal el
listado (y documentación que lo acredite) de las inhumaciones efectuadas a
partir del año 1975 en adelante, correspondientes al tablón n° 41 de la zona y
sección mencionadas.
Por respuesta, la dirección del cementerio –que en
esos días pasó a estar a cargo de Eduardo González- le comunicó el hallazgo de
apenas cuatro actas de inhumación, a saber: Acta 660, de fecha 29 de junio de
1977, acompañada de pedido de inhumación de la Secretaría de Bienestar Social,
licencia, ficha y formulario de inhumación del cementerio; acta 657, fechada el
5 de julio de 1977, acompañada de su
ficha de inhumación; acta 655, sin constancia de fecha, acompañada también de
ficha de inhumación; acta 752, sin constancia de fecha, acompañada de pedido de
inhumación de la Secretaría de Bienestar Social, licencia, ficha y formulario
de inhumación del cementerio.
Las cuatro actas, a su vez, están notablemente
incompletas en sus datos y registran imprecisiones en los pocos que sí se
consignan. La n° 660 se refiere tan solo a un NN masculino de aproximadamente
58 años de edad; la n° 752 habla de un NN masculino sin más datos; la n° 657
remite a un NN masculino cuya edad estima en 55 años y señala el lugar de
deceso en Alcorta y San Martín, Claypole; la n° 655, por último, se refiere a
un NN masculino de 45 años aproximadamente, fallecido en Bouchard y San Juan,
barrio San José, y aclara, además, en la “vía pública”.
Así, los restos hallados
quedaron en sus siete bolsas en depósito de aquella morgue judicial, y el juez
con muy escasos datos en la causa. A esta altura nos encontramos en marzo de
1984.
En junio de 1985, el Ministro
del Interior de la Nación, Antonio Tróccoli, envió una comunicación en cadena a
todos los Intendentes solicitando que se completaran y remitieran a su cartera
ciertos formularios que requerían información sobre sepulturas registradas como
NN. El Intendente Flores le responde
poniéndolo al tanto de la causa judicial, y este hecho animó la inquietud sobre
el tema en el Concejo Deliberante.
Con fecha 24 de julio de
1985, ese cuerpo sanciona la Minuta de Comunicación N° 67, solicitando al
Departamento Ejecutivo los datos disponibles con relación a los NN hallados y,
también, información sobre el estado
procesal de la causa, pero requiere saber, además, si en el marco de la misma
han prestado testimonio empleados del cementerio y demás funcionarios del
Departamento Ejecutivo.
Semanas más tarde, el 16 de
septiembre de 1985, la Dirección de Asuntos Legales emite una respuesta
expresando que al requerir información sobre el estado de la causa, se ha
establecido que la misma, por cuestiones
de competencia, había pasado a los tribunales de la Provincia, radicada ante el
Juzgado en lo Penal N° 3, Secretaría N° 5, del Departamento Judicial de Lomas
de Zamora, en la calle Talcahuano 278 de Banfield. Pese a esto, el Juez interviniente declaró su incompetencia y pasó las actuaciones al
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con fecha 11 de septiembre de 1985, es
decir, apenas unos días antes de emitir esta respuesta Asuntos Legales. A
partir de aquí, las sorpresas no tendrán límite.
La Ley de Punto Final y la
posterior incorporación de la Obediencia Debida dieron el marco, como quedó
dicho, para consagrar la impunidad, y el poder judicial actuó en consecuencia.
Insólitamente y sin previo aviso, la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires
dispuso remitir los restos al municipio, dejándolos, aunque parezca
mentira, en el propio despacho del Intendente.
Frente a esto, Félix Flores
arbitró los medios para dar destino a estas siete bolsas que, mientras tanto, fueron depositadas en
estantes de la dirección del cementerio durante varias semanas.
Con fecha 2 de diciembre de 1987, a escasos siete días
de finalizar su mandato, el Intendente firma la Resolución N° 171,
disponiendo el depósito de los restos en
el sepulcro construido a ese solo fin en
el patio mayor del cementerio municipal.
Desde entonces hubo un largo
silencio, tanto de parte de la justicia como del poder político, hasta que en
junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró
inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia debida, derogándolas
enseguida el Poder Legislativo por medio de la Ley N° 25.990.
En noviembre de 2006, el juez
Horacio Rolando Cattani, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal dispuso el retiro de los restos del panteón donde estaban
depositados por integrantes del Equipo
Argentino de Antropología Forense.
Pasado el mediodía del 15 de
diciembre de 2006, exactamente tras 19 años de espera en aquel sepulcro, se
cumplió esta orden judicial. Las mismas siete bolsas de plástico blanco,
tramado tipo rafia, con las mismas inscripciones, fueron retiradas por los
antropólogos bajo acta, con otras seis bolsas del mismo material conteniendo
ropa en apariencia y algo también de ropa suelta.
Desde entonces, la única
novedad de la que tenemos constancia es la identificación de los restos
correspondientes a Marta Ester Scotto
y Sergio Natalio Yovovich en el año
2009, tal como se menciona en este informe.
Hasta aquí, podemos
certificar todo lo expuesto sobre el silenciado tema del cementerio municipal
de Almirante Brown. Si bien no hemos logrado acceder a las novedades que
pudieron surgir desde entonces, conocemos que existen y confiamos en hacerlo
más adelante.
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