Inseguridad
Inseguridad privada: ¿Realmente
usted cree que está seguro?
En el marco de la crisis institucional,
económica y social que afronta el país, después de la pandemia mundial que
resintió a niveles récords varias actividades económicas, y poniendo en
consideración los hechos violentos que
se desarrollaron hace menos de un mes en la sede sindical del gremio UPSRA
dónde una facción intento tomar por la fuerza y a los tiros el edificio de la
calle Tucumán 3689 del barrio porteño de Abasto, debemos considerar el
potencial de riesgo que existe con la seguridad privada. Esta actividad, cuya
finalidad es delegar el monopolio de la fuerza que ejerce el estado en manos
privadas, está integrada por personal retirado de las FF.SS., ex carapintadas,
ex militares, gendarmes, policías, civiles armados y hasta cuenta con
integrantes que mantienen fuertes vínculos con la AFI (ex SIDE), la DEA y la
CIA. Hoy la cantidad de guardias de seguridad privada, duplica ampliamente al
personal que tienen las fuerzas policiales, formando un ejército paralelo pero
en manos de capitales privados que solo responden a intereses económicos.
Esto podría llegar a ser aceptable si la
situación de cientos de miles de empleados de seguridad privada (se estiman
cerca de 300.000 guardias) fueran favorables, que por cierto no lo es.
Primeramente, los trabajadores de seguridad
privada se encuentran con sueldos por debajo de la línea de la pobreza,
actualmente, cumpliendo jornadas de 12 horas y más, el salario ronda en casi
los $50.000. Está situación agrava el estado de conflictividad y riesgo de la
actividad ya que el descontento entre los trabajadores es generalizado.
¿Cuál es la forma de encausar a los trabajadores
cuando reina el descontento? Principalmente con sueldos dignos, pero también
con un sector empresarial responsable y una conducción gremial nacional sólida
que actúe de contención. Ninguna de las tres cosas ocurre dentro de la
actividad lo que propicia una inminente sublevación del personal de seguridad
al estilo de las revueltas de la Policía Bonaerense ocurridas en septiembre del
año pasado, con la diferencia de que la policía esta encausada dentro de un
marco de orden y formación profesional y estatal, en cambio, la seguridad
privada se encuentra con escasa capacitación en manos de privados que solo
responden a intereses económicos con fines de lucro.
Empresarios
millonarios, empresas quebradas y trabajadores pobres:
Las dos cámaras empresariales más importantes
que aglutinan a los empresarios del rubro son CAESI (Cámara Argentina de
Empresas de Seguridad e Investigaciones) a nivel nacional y CAESBA (CAmara de
Empresas de Seguridad de Buenos Aires) a nivel provincial. Estás cámaras
empresariales en la actualidad se encuentran desmembradas y sin rumbos claros.
Compuestas por empresas multinacionales, empresas nacionales y PyME's, algunas
de estas empresas cuentan con una "segunda marca" donde ofrecen
servicios de seguridad privada de baja calidad o "low cost" en el
formato de cooperativas de seguridad, sin capacitar al personal y constituyendo
un verdadero fraude laboral donde los trabajadores no tienen vacaciones,
aguinaldo o ART, entre otros derechos.
Algunas de las empresas miembros de CAESI y
CAESBA que incumplen los convenios y leyes laborales, aun siendo
multinacionales, cotizando en bolsa, y con capitales y respaldo extranjero, han
utilizado durante la pandemia los recursos de la ayuda estatal y han formado
acuerdos preventivos de crisis bajo el artículo 223 de la LCT, a cambio de
quedarse en sus arcas con los aportes de la seguridad social de los
trabajadores, tal es así el caso de la multinacional de capitales suecos,
Securitas y otras tantas mas.
Todo esto sin hacer mención a las cámaras
patronales que agrupan a los empresarios del interior del país, que carecen de
toda responsabilidad y ética, sometiendo a sus trabajadores a condiciones de
trata y esclavitud, con sueldos de $15.000 mensuales.
La desidia gremial también es responsable de
la situación de la seguridad privada:
La caída del dirigente sindical Ángel García quien supo estar
enquistado en el sillón de la Unión del Personal de Seguridad Privada de la
República Argentina (UPSRA) por más de 35 años gracias al sustento económico
que le proporcionó el sector empresarial, recursos que le facilitaría gambetear
durante décadas cada causa judicial con una habilidad casi maradoniana,
transformó en la última década al gremio de seguridad en una empresa familiar,
sin proyección política, dónde la malversación de fondos sindicales y de la
obra social fue moneda corriente, acumulando un sinfín de denuncias por
abandono de persona, falta de pago a los prestadores de la obra social, sin
entrega de medicamentos, lo que generó su intervención por parte de la
Superintendencia de Salud y una catarata de denuncias que extrañamente, aún con
innumerables pruebas en contra, hoy se encuentran raramente frenadas en la
justicia.
El paraguas judicial de Ángel García, quien fuera reemplazado por la intervención que
sufrió el gremio en la era macrista, logró que a principios del 2020, una
medida cautelar de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,
a pesar de todas las pruebas en su contra, lo restituya inexplicablemente en su
cargo con la condición de hacer un llamado a elecciones, hecho que, después de
la suspensión de los procesos electorales por la pandemia, todavía no ha
ocurrido. Ante está situación de acefalia virtual, el Ministerio de Trabajo se
muestra reacio a tomar las medidas necesarias para normalizar el gremio, pero
muy predispuesto a homologar acuerdos preventivos de crisis con empresas de
capitales extranjeros.
La interna intra
sindical que recalienta al rojo vivo la crítica situación de la seguridad privada:
Uno de los logros del sector empresarial y su
pata sindical a cargo de Ángel García fue propiciar, a través de la falta de
contención gremial, el abandono y la desidia, la creación de una veintena de
pequeños gremios que debilitaron la fuerza de acción de los trabajadores. Esto
no fue un hecho fortuito, muy por el contrario, fue un plan estratégico,
orquestado y bien aceitado por décadas, ya que a este sector empresarial
dominado por la avaricia no le conviene un "ejército privado"
sindicalizado que reclame al patrón por sus derechos. Divide y reinarás, reza
el dicho.
En el ámbito sindical la situación se ha tornado
insostenible, como ya hicimos mención, el sindicato madre de la actividad
(UPSRA) estuvo intervenido por 4 años, intervención que se realizó por causas
legítimas pero en vez de sanear al gremio, los interventores puestos por el
macrismo, ante la mina de oro que representaba administrar la abultada caja de
fondos sindicales, desvirtuaron su fin. Son de público conocimiento los videos
que salieron a la luz, donde se pudieron ver a funcionarios de la intervención
macrista contando dinero a millones, envueltos en actos de corrupción,
situación que casi termina con la carrera del entonces ministro Jorge Triaca.
En ese contexto de corrupción, millones y escándalo, el Ministerio de Trabajo a
fines del 2019 decide terminar con la intervención, haciendo un llamado a
elecciones donde resulta electo el opositor a Ángel García, el barrionuevista Leónidas Requelme.
A pesar de ganar la elección democrática y ser
puesto en funciones por la intervención declarada por la cartera de trabajo y
ser quien hoy administra el mobiliario del gremio, nuevamente una mano negra
logró frenar la certificación de autoridades del ministerio, trámite necesario
para administrar el patrimonio económico y las cuentas bancarias de la entidad
sindical y la obra social. Esa mano negra es la cautelar a la que hacíamos
referencia anteriormente devolviéndole la "caja" al mismo Ángel García, responsable de la
malversación de fondos como consta en las denuncias que pesan en su contra.
Mientras tanto, el poder ejecutivo, sin ser ajeno a esta situación, resuelve a
mediados de este año, la intervención de la obra social OSPSIP mediante un
decreto firmado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo curioso y
llamativo de este entuerto es que los motivos por lo que se intervino, antes el
sindicato, y ahora la obra social, están clarísimos: fraude eleccionario y malversaciones
de fondos sindicales y de la seguridad social. Aún así, la última paritaria de
los vigiladores fue acordada entre la cámara empresarial y este dirigente con
certificación de autoridades vencidas desde 2016, pero lo más llamativo es que
está paritaria haya sido homologada por el Ministerio de Trabajo que es quien
debe certificar que los firmantes tienen autoridad legítima para hacerlo.
Claramente, Ángel García no posee la
legalidad para hacerlo.
La gravedad continúa escalando: sin la
"caja" de la obra social, Ángel
García, al verse desfinanciado, acuerda en una cláusula del último anexo
paritario con CAESI y CAESBA, realizar el desvío de los aportes solidarios de
la obra social que tenían como destino la administración que está llevando a
cabo la intervención, a cuentas del Banco Ciudad destinadas a fondos sindicales
aún administrados por el octogenario sindicalista.
Con el gremio de los trabajadores de seguridad
privada, UPSRA prácticamente acéfalo, la interna quedaría actualmente definida
así: la histórica línea de Ángel García,
dónde la mayoría de sus integrantes están siendo investigados por la justicia,
algunos ya procesados y otros fallecidos; la línea de Celeste Ferrara,
apoderada de OSPSIP, ex esposa de García, también investigada por el vaciamiento
a la mencionada obra social; y el histórico opositor Leónidas Requelme de la agrupación "Juan Manuel de Rosas"
del riñón de Luis Barrionuevo.
En medio de la interna feroz dentro de UPSRA,
este último tiempo aparecieron gremios del interior que, como aves rapaces,
desean quedarse con la presa mal herida: organizaciones sindicales de Tucumán,
Rosario, Santa Cruz, Córdoba y Bahía Blanca, algunos con fuertes vínculos con
el macrismo, que copiaron el modelo recaudatorio de Ángel García, se unieron en
un Frente Sindical para borrar del mapa a la UPSRA y quedarse con la suculenta "caja" de la seguridad
privada.
Por si fuera poco, surge hace casi un año un rejunte extremadamente
peligroso aglomerado en el Frente de Agrupaciones Unidas (FAU) integrada por
barrabravas de la conocida "Hinchada Unidas Argentinas" y del gremio
de patovicas, con financiación de empresas de seguridad privada vinculadas al
Gobierno de la Ciudad, (algunas de ellas usaron a sus trabajadores como
aportantes truchos en la campaña del macrismo en 2015), y como un gran
Cambalache, también con vínculos en el PJ a través de un empresario que se
reconoce “peronista” pero muy lejos está de que sus prácticas empresariales
estén dentro de la doctrina pregonada por el General.
Por último en esta carrera por quedarse con la
conducción nacional, encontramos a la pata del Moyanismo con el gremio de
Custodios (SUTCA) que aglutina a los trabajadores de seguridad y al personal
con tenencia de armas. Este gremio estaría buscando incursionar dentro de UPSRA
a través de un armado que denominan Bloque Nacional de Seguridad Privada en una
alianza con el líder de la oposición de Ángel
García, Leónidas Requelme.
El lider
del SUTCA, Christian López, tendría
el apoyo del hijo del líder de camioneros, Pablo
Moyano, con quien comparte varios espacios sindicales.
Al
"pibe 10" como lo apodaban sus detractores hace tiempo, se lo vio los
últimos años junto al líder camionero en varios actos. Se comenta "of the
récord" que el alfil del moyanismo tendría fuertes vínculos relacionados
con la seguridad privada a nivel internacional, tanto en EE.UU, como en México,
Perú y otros países latinoamericanos.
Por cierto, la seguridad privada es un rubro que
varios actores pugnan por controlar. Reconocida como una "actividad de
alto interés público" por su carácter estratégico, hoy en día capitaliza
un número de trabajadores muy envidiable para cualquier dirigente gremial y no
todos están dispuestos a ceder esa oportunidad por el bien común de los
trabajadores.
En medio de esta puja de poderes e intereses,
están los trabajadores. La realidad es que cuando usted ve a una empresa de
seguridad privada prestando servicios, está viendo a un empresario que tiene
empleados bajo condiciones de pobreza, sin prestaciones de salud, sin
representación gremial e ignorado por los organismos estatales que deben velar
por su bienestar. Si usted confía su propia seguridad en trabajadores que
prestan servicios bajo estás condiciones, deberá usted replantearse si
realmente está seguro.
La obra social, esta intervenida
