FIN DE FIESTA

Otro golpe  a la clase media

El gobierno prepara un duro ajuste para el 2012

La idea es aplicarlo en los primeros 120 días cuando la Presidenta esté fortalecida por el triunfo electoral. En la Rosada admiten que podría perder  respaldo.

La tranquilidad por el resultado electoral que reina en el Gobierno contrastó esta semana con las preocupaciones por las señales de alerta que surgieron en el tablero económico. Algunos funcionarios aseguran que la Argentina sufrirá un impacto violento por las turbulencias internacionales, están preocupados porque creen que 2012 será un año inevitablemente difícil.

Sin embargo, hay un aspecto en el que coinciden optimistas y pesimistas: es ineludible una reducción del gasto público para poder cerrar un déficit que se está tornando inmanejable.

Así lo aseguraron cuatro altas fuentes del oficialismo. Inclusive hay consenso en que el ajuste se realice en los primeros 120 días ya que, admiten, la presidenta Cristina Fernández está dispuesta a asumir el costo político que implicarían las medidas.

“No va a haber un cambio de modelo económico. Las bases van a mantenerse, pero no se puede seguir con este nivel de gastos, no lo aguanta más el sistema”, explicó un alto funcionario de la Casa Rosada.

Aunque muchas veces se habló de la necesidad de reducir el nivel de erogaciones, siempre ha sido un tema tabú para el kirchnerismo. Ahora hay una convicción generalizada de que el fuerte respaldo electoral que recibirá la Presidenta debe ser aprovechado para realizar los movimientos que se vienen postergando. “Para nosotros, Cristina está sacando entre el 55 y el 57% de los votos. Sabemos que su popularidad puede bajar hasta unos 15 puntos con medidas de contracción económica, pero es un costo que ella está dispuesta a asumir y que en  caso después recuperará, como ocurrió tras la crisis del campo”.

¿En qué está pensando el Gobierno para cerrar una brecha que estima en $ 12 mil millones para el próximo año? En primer lugar, está resuelta la eliminación de los subsidios a la luz y el gas. En este aspecto existe consenso en el Gobierno porque las cifras han escalado fuera de toda proporción. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el año pasado los subsidios treparon hasta los $ 48.032 millones, de los cuales $ 26 mil millones fueron para el sector energético. “Creo que todo el mundo acepta que no se puede seguir pagando $ 50 de luz por mes en un departamento de cinco ambientes de Belgrano. Va a haber aumentos”, sintetizó uno de los funcionarios consultados, que aclaró que aún no está decidida la manera  en que se escalonarán los recortes. Además, se eliminarán los subsidios al transporte, con lo cual se asume que habrá aumentos de los boletos de colectivo, subterráneos y trenes.

Hay en este sentido una definición de que la reducción del gasto recaiga sobre las clases media y alta, porque no se piensa en reducir los aportes para planes sociales, que son los que mantienen la red de contención estatal en los sectores más desfavorecidos. “La clase media es más oscilante en sus humores, además de que es la principal beneficiada con el boom del consumo, que se buscará conservar”, justifican en el entorno presidencial.

No se aspira a enfriar la economía, aunque se admite que una desaceleración en el crecimiento va a ser inevitable.

También va a haber una merma en la obra pública, sobre todo vial. Existe aquí la esperanza de comprometer más a los privados, pero también la firme convicción de apostar al crecimiento del transporte férreo para no depender tanto de los camiones que controla Hugo Moyano. No es sólo una cuestión política, sino también de costos.

Pero junto con estos cambios que cuentan con consenso, hay otras medidas en análisis que aún no fraguaron. Una de ellas es avanzar hacia un acuerdo con el Club de París, para renegociar los 7 mil millones de dólares de deuda, y retomar contacto con el FMI. Esto permitiría conseguir fondos frescos en los mercados internacionales, una alternativa cerrada actualmente por los altos costos de financiación. No está contemplada en ningún caso la posibilidad de hacer una nueva oferta a los bonistas que no aceptaron las renegociaciones con el Estado argentino, los llamados hold out.

Más allá de la retórica pública en contra de los organismos internacionales, algunos funcionarios creen que sería un gran alivio conseguir oxígeno externo para el rojo de las cuentas. Otra idea que circula es la de una licuación de costos a través del tipo de cambio. Una variante sería desdoblar el tipo de cambio en un tipo comprador y otro vendedor.

Según su entorno, Cristina está puliendo estas medidas y en función de ellas resolverá quién sucederá a Amado Boudou. No será ningún economista de renombre por fuera del mundo K. Las apuestas están repartidas entre el preferido del ministro de Economía, Hernán Lorenzino y la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, con quien Cristina habla asiduamente.

La renovación generacional. Entre los planes que hace Cristina para su segundo mandato hay un objetivo fijo: cambiar la estructura de la cúpula sindical. No sólo imagina una CGT sin Hugo Moyano al frente, sino que también busca una renovación generacional en la mayoría de los gremios. “No podemos apuntar al recambio generacional en la política y dejar intacto a los sindicatos”, señaló uno de los principales articuladores políticos del oficialismo.
En el fondo anida la esperanza de tener una dirigencia más impregnada del “espíritu progresista” del kirchnerismo y menos enviciada con las tradicionales lógicas del peronismo. Dentro de este marco tiene en carpeta una reforma a la Ley de Sindicatos que licue el poder de los gremios.
Además, el Gobierno intentará reducir el margen de maniobra de los gremios con sus obras sociales, fuente principal de ingresos.
No obstante el espíritu renovador, nadie en el Gobierno apuesta por el futuro judicial de los referentes vinculados con causas.