La corrupción estructural del kirchnerismo
Crece el escándalo del tándem Schoklender-Bonafini, el titular de la AFIP afronta pesadas denuncias y Ricardo Jaime aún goza de una polémica libertad. La corrupción ya es un problema endémico del Gobierno nacional
La corrupción ya es como un virus que se encuentra en el torrente sanguíneo del kirchnerismo y que fluye, como si estuviese en las venas y las arterias de un organismo, por todo el andamiaje de poder del Gobierno nacional.
El virus de la corrupción no encuentra ningún tipo de anticuerpos. ¿El motivo? Los funcionarios y amigos del poder involucrados en diversos escándalos tienen el paraguas protector de varios jueces y fiscales que garantizan un permanente estado de impunidad.
Las comparaciones muchas veces son odiosas, pero también ilustrativas. Lo que está ocurriendo se asemeja a la época dorada del menemismo. En los años ‘90, los Kirchner y Menem eran socios políticos, al punto que los patagónicos le dieron los votos para poder privatizar YPF. Veinte años más tarde, Menem vuelve a ser socio de Cristina, a quien llena de elogios, le dice que la votará en las elecciones y, cada vez que puede, también le da una manito en el Senado nacional.
La lista de funcionarios, exfuncionarios y amigos del poder K que forman parte de esta suerte de academia de la corrupción es por demás extensa. Pero los que van ganando la carrera, en función del volumen de sus prontuarios o expedientes judiciales, están bien definidos: Hebe de Bonafini, Sergio Schoklender, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el ministro de Planificación, Julio de Vido, ya son una suerte de avanzada K en la materia. También el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, a partir del escándalo de los puticlubs (en al menos seis de sus propiedades funcionaban prostíbulos), está peleando por ingresar al podio.
Zaffaroni es considerado como el ministro más kirchnerista de la Corte y distintos trascendidos lo vinculan con la redacción de un proyecto para permitirle a la Presidenta sortear la cláusula que le impide acceder a una nueva reelección en caso de ganar los comicios de octubre, transformando a la Argentina en una suerte de régimen parlamentarista, cambio que requeriría una reforma de la Constitución. Tal como también lo hizo Menem en 1994.
En las últimas semanas, el caso más renombrado es el que tiene como principales protagonistas a Sergio Schoklender y a Hebe de Bonafini por la estafa millonaria con fondos otorgados por el Ministerio de Planificación Federal, que, en lugar de haberse utilizado para hacer viviendas sociales, fueron a parar a los bolsillos del parricida, que vivía en lujosas propiedades, al mejor estilo del petit hotel que tenía la expolifuncionaria menemista María Julia Alsogaray cuando, con sus costosas pieles, promocionaba su figura en las portadas de las revistas de los años ‘90. Schoklender, al igual que Menem, también es dueño de una portentosa Ferrari.
Crece el escándalo de las Madres
Ayer, el escándalo de la Fundación Madres sumó un nuevo capítulo cuando un grupo de familias ocupó un predio de la localidad salteña de Tartagal, donde la entidad iba a construir viviendas y reclamó la propiedad al asegurar que “se compró con plata de Nación, nuestra, para afectados por el alud” de 2009. En otras palabras, el dinero que tendría que haber servido para ayudar a las víctimas de un siniestro natural terminaron siendo canalizados por la Fundación que regenteaban el
parricida y Bonafini.
Además, Schoklender deberá presentarse hoy, nuevamente, en los tribunales para presenciar la apertura de ocho cajas con documentación clave para la causa que entregó su abogado. Se estima que en la audiencia también estará presente el actual apoderado de las Madres, Eduardo Antonio Fachal, y el abogado de la entidad, Eduardo Barcesat. Es que la organización, en otro beneficio escandaloso otorgado por el juez Norberto Oyarbide, fue aceptada como querellante.
El juez, además, aún mantiene el secreto de sumario, para evitar que salgan a la luz detalles comprometedores de la causa que se abrió para investigar posibles delitos que van desde defraudación a la administración pública hasta lavado de dinero y asociación ilícita en el manejo de fondos públicos destinados al programa de viviendas. Hasta el momento, no hay una sola persona presa y Oyarbide no se puso colorado cuando, tras retornar de las vacaciones, también permitió que uno de los principales acusados, socio de Schoklender y piloto del jet privado en el que se trasladaba el parricida, pudiera salir del país.
EN FOCO
Las consecuencias de una entrega infame
La madre de toda la corrupción es la entrega infame del patrimonio nacional que tuvo lugar en nuestro país durante las últimas décadas, que en muchos casos continuó, y hasta se profundizó, durante los ocho años de gobierno kirchnerista.
Vivimos en un país destruido en su matriz productiva. La Argentina llegó a ser una nación con autoabastecimiento energético, con la capacidad de fabricar su propio avión de guerra, como lo fue el Pucará; con una línea aérea de bandera comercial que era la más importante del continente; con una industria automotriz que competía de igual a igual con la que existía en los países centrales. Y lo mismo sucedía en otras áreas claves como la siderurgia, la industria textil y la industria cárnica. Esta última inundaba los mercados del mundo con toneladas y toneladas de carne con valor agregado, y ahora ni siquiera es capaz de cumplir con lo que establece la cuota Hilton.
La Argentina también estaba a la cabeza del respeto de los derechos laborales de los trabajadores, con los salarios más altos de América Latina. La dignidad del trabajo hacía que cada persona pudiera decidir sobre su futuro y el de su familia, sin depender de las dádivas de las “señoras y señores gordos”, tal como definía Arturo Jauretche a los sectores acomodados de la sociedad.
Hoy, lamentablemente, el panorama es bien diferente y es el propio Estado, en sus tres estamentos -Nación, provincias y municipios-, el que más negrea a sus trabajadores.
Es cierto que la situación que vivimos es el resultado de décadas de entrega. Pero en los últimos ocho años, la situación geopolítica llevó a nuestro país a una situación de privilegio, en un mundo que demanda los alimentos que se producen en territorio argentino. Por eso ingresaron millones y millones de dólares a las arcas del Estado, que, en lugar de haber servido para reactivar el aparato productivo, terminaron llenando los bolsillos de un puñado de amigos del poder, se pagaron intereses y vencimientos de una deuda externa fraudulenta (sin hacer ningún tipo de auditoría previa) y se financiaron escandalosos proyectos como el tren bala.
No se cambió absolutamente nada y, en la Argentina del siglo XXI, las multinacionales mineras siguen saqueando nuestros recursos naturales, mientras magnates extranjeros se quedan con tierras de alto valor productivo a lo largo y ancho del país.
Así es como, en la Argentina, uno de cada cuatro habitantes es pobre. En algunas zonas de nuestro territorio existen niveles de mortalidad infantil similares a los que hay en Africa, cuando somos un país que podría alimentar a 300 millones de habitantes.
Lo que está ocurriendo en el norte argentino, con numerosas familias que arriesgan su vida por un pedazo de tierra, al no tener más nada que perder, es un claro ejemplo de lo que se puede venir si no empieza a instrumentarse un cambio radical, que apunte a socavar las causas estructurales de la corrupción política y económica.
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La corrupción ya es como un virus que se encuentra en el torrente sanguíneo del kirchnerismo y que fluye, como si estuviese en las venas y las arterias de un organismo, por todo el andamiaje de poder del Gobierno nacional.
El virus de la corrupción no encuentra ningún tipo de anticuerpos. ¿El motivo? Los funcionarios y amigos del poder involucrados en diversos escándalos tienen el paraguas protector de varios jueces y fiscales que garantizan un permanente estado de impunidad.
Las comparaciones muchas veces son odiosas, pero también ilustrativas. Lo que está ocurriendo se asemeja a la época dorada del menemismo. En los años ‘90, los Kirchner y Menem eran socios políticos, al punto que los patagónicos le dieron los votos para poder privatizar YPF. Veinte años más tarde, Menem vuelve a ser socio de Cristina, a quien llena de elogios, le dice que la votará en las elecciones y, cada vez que puede, también le da una manito en el Senado nacional.
La lista de funcionarios, exfuncionarios y amigos del poder K que forman parte de esta suerte de academia de la corrupción es por demás extensa. Pero los que van ganando la carrera, en función del volumen de sus prontuarios o expedientes judiciales, están bien definidos: Hebe de Bonafini, Sergio Schoklender, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el ministro de Planificación, Julio de Vido, ya son una suerte de avanzada K en la materia. También el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, a partir del escándalo de los puticlubs (en al menos seis de sus propiedades funcionaban prostíbulos), está peleando por ingresar al podio.
Zaffaroni es considerado como el ministro más kirchnerista de la Corte y distintos trascendidos lo vinculan con la redacción de un proyecto para permitirle a la Presidenta sortear la cláusula que le impide acceder a una nueva reelección en caso de ganar los comicios de octubre, transformando a la Argentina en una suerte de régimen parlamentarista, cambio que requeriría una reforma de la Constitución. Tal como también lo hizo Menem en 1994.
En las últimas semanas, el caso más renombrado es el que tiene como principales protagonistas a Sergio Schoklender y a Hebe de Bonafini por la estafa millonaria con fondos otorgados por el Ministerio de Planificación Federal, que, en lugar de haberse utilizado para hacer viviendas sociales, fueron a parar a los bolsillos del parricida, que vivía en lujosas propiedades, al mejor estilo del petit hotel que tenía la expolifuncionaria menemista María Julia Alsogaray cuando, con sus costosas pieles, promocionaba su figura en las portadas de las revistas de los años ‘90. Schoklender, al igual que Menem, también es dueño de una portentosa Ferrari.
Crece el escándalo de las Madres
Ayer, el escándalo de la Fundación Madres sumó un nuevo capítulo cuando un grupo de familias ocupó un predio de la localidad salteña de Tartagal, donde la entidad iba a construir viviendas y reclamó la propiedad al asegurar que “se compró con plata de Nación, nuestra, para afectados por el alud” de 2009. En otras palabras, el dinero que tendría que haber servido para ayudar a las víctimas de un siniestro natural terminaron siendo canalizados por la Fundación que regenteaban el
parricida y Bonafini.
Además, Schoklender deberá presentarse hoy, nuevamente, en los tribunales para presenciar la apertura de ocho cajas con documentación clave para la causa que entregó su abogado. Se estima que en la audiencia también estará presente el actual apoderado de las Madres, Eduardo Antonio Fachal, y el abogado de la entidad, Eduardo Barcesat. Es que la organización, en otro beneficio escandaloso otorgado por el juez Norberto Oyarbide, fue aceptada como querellante.
El juez, además, aún mantiene el secreto de sumario, para evitar que salgan a la luz detalles comprometedores de la causa que se abrió para investigar posibles delitos que van desde defraudación a la administración pública hasta lavado de dinero y asociación ilícita en el manejo de fondos públicos destinados al programa de viviendas. Hasta el momento, no hay una sola persona presa y Oyarbide no se puso colorado cuando, tras retornar de las vacaciones, también permitió que uno de los principales acusados, socio de Schoklender y piloto del jet privado en el que se trasladaba el parricida, pudiera salir del país.
EN FOCO
Las consecuencias de una entrega infame
La madre de toda la corrupción es la entrega infame del patrimonio nacional que tuvo lugar en nuestro país durante las últimas décadas, que en muchos casos continuó, y hasta se profundizó, durante los ocho años de gobierno kirchnerista.
Vivimos en un país destruido en su matriz productiva. La Argentina llegó a ser una nación con autoabastecimiento energético, con la capacidad de fabricar su propio avión de guerra, como lo fue el Pucará; con una línea aérea de bandera comercial que era la más importante del continente; con una industria automotriz que competía de igual a igual con la que existía en los países centrales. Y lo mismo sucedía en otras áreas claves como la siderurgia, la industria textil y la industria cárnica. Esta última inundaba los mercados del mundo con toneladas y toneladas de carne con valor agregado, y ahora ni siquiera es capaz de cumplir con lo que establece la cuota Hilton.
La Argentina también estaba a la cabeza del respeto de los derechos laborales de los trabajadores, con los salarios más altos de América Latina. La dignidad del trabajo hacía que cada persona pudiera decidir sobre su futuro y el de su familia, sin depender de las dádivas de las “señoras y señores gordos”, tal como definía Arturo Jauretche a los sectores acomodados de la sociedad.
Hoy, lamentablemente, el panorama es bien diferente y es el propio Estado, en sus tres estamentos -Nación, provincias y municipios-, el que más negrea a sus trabajadores.
Es cierto que la situación que vivimos es el resultado de décadas de entrega. Pero en los últimos ocho años, la situación geopolítica llevó a nuestro país a una situación de privilegio, en un mundo que demanda los alimentos que se producen en territorio argentino. Por eso ingresaron millones y millones de dólares a las arcas del Estado, que, en lugar de haber servido para reactivar el aparato productivo, terminaron llenando los bolsillos de un puñado de amigos del poder, se pagaron intereses y vencimientos de una deuda externa fraudulenta (sin hacer ningún tipo de auditoría previa) y se financiaron escandalosos proyectos como el tren bala.
No se cambió absolutamente nada y, en la Argentina del siglo XXI, las multinacionales mineras siguen saqueando nuestros recursos naturales, mientras magnates extranjeros se quedan con tierras de alto valor productivo a lo largo y ancho del país.
Así es como, en la Argentina, uno de cada cuatro habitantes es pobre. En algunas zonas de nuestro territorio existen niveles de mortalidad infantil similares a los que hay en Africa, cuando somos un país que podría alimentar a 300 millones de habitantes.
Lo que está ocurriendo en el norte argentino, con numerosas familias que arriesgan su vida por un pedazo de tierra, al no tener más nada que perder, es un claro ejemplo de lo que se puede venir si no empieza a instrumentarse un cambio radical, que apunte a socavar las causas estructurales de la corrupción política y económica.
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